Reformas: ¿No más miedo al cambio?

Por Pascal Beltrán del Río
Compartido por @marubrito

Finalmente fue un puñado de legisladores el que buscó impedir, con su oposición estridente de siempre, la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

No lo consiguió. Y tampoco se vieron en las calles signos del “estallido social” que pronosticaron quienes rechazaron el dictamen del Tribunal Electoral sobre la elección presidencial de julio pasado.

La vetusta Ley Federal del Trabajo, promulgada en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, seguramente será modificada una vez que el Senado de la República dé por buenos los cambios que aprobaron los diputados que analizaron y votaron la iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón.

¿Es perfecta la reforma? Evidentemente, no. Para comenzar, arranca de una premisa que aún tendrá que ser probada en los hechos: que la creación de empleos era obstaculizada por el actual marco legal.
Está por verse si los cambios significarán por sí mismos un aumento en el nivel de contratación, aunque lo que es innegable es que en las actuales condiciones no hay mucho que celebrar: de 32 millones de mexicanos con empleo, la mitad no tiene contrato ni prestaciones. Y existen, amparados en las lagunas de la LFT, más de dos mil empresas de outsourcing que evaden obligaciones hacia sus trabajadores.

Si eso no ameritaba pensar en un cambio, entonces no sé qué.

No hay mayor violación a los derechos laborales que la imposibilidad de conseguir empleo o trabajar sin contrato.

El dictamen aprobado por los diputados también dejó casi intactas las estructuras de poder en los sindicatos, con lo que los agremiados seguirán siendo objeto de manipulación por parte de las eternas cúpulas que rigen su actuación y ponen su estructura al servicio de los partidos políticos.

Sin embargo, la reforma contiene adecuaciones en materia de contratación, que envían una buena señal a quienes tienen la mejor posibilidad de crear empleos: los inversionistas.

Actualmente existe liquidez en los mercados internacionales y México necesita encontrar la manera de absorberla antes de que se cierre la llave.

Recordemos que a mediados de septiembre, la Reserva Federal estadunidense y el Banco Central Europeo lanzaron un ambicioso programa de estímulos, y era importante dar fe de que México está dispuesto a aumentar su competitividad y convertirse en un lugar interesante para la inversión directa.

“Era una de las señales que estábamos esperando”, me dijo el viernes pasado una fuente diplomática, que me habló de un conjunto de empresas de su país que están en una fase adelantada de la decisión de invertir en México.

Eso nos obliga, como país, a seguir adelante en la agenda del cambio. Los políticos mexicanos han sido terriblemente recelosos ante las reformas. Y eso es, principalmente, porque tienen la impresión de que una sociedad conservadora como la mexicana se los cobrará en las urnas.

En 2008, el PRI metió reversa en la reforma energética que el presidente Calderón envió al Congreso. La toma de la tribuna que realizaron los legisladores de izquierda hizo que la reforma no fuera tan lejos como se había proyectado.

Los priistas no aguantaron el calor del infierno, por citar a Tony Blair, quien la semana pasada me describió así, en una entrevista, el momento de aprobar las reformas. Y tal como también lo sentenció el ex primer ministro británico, todos acabamos lamentando que los cambios en el régimen de inversiones de Pemex no hayan ido más lejos. O, al menos, deberíamos.

¿Por qué? Porque los llamados contratos incentivados se han convertido en una de las piezas —limitada, por su dimensión, pero aun así significativa— de la estrategia de restitución de las reservas de petróleo.

Sin bulla, entre agosto de 2011 y agosto pasado, Pemex ha licitado y adjudicado siete contratos de producción en sendas zonas petroleras del país, lo que implicará inversiones por cientos de millones de dólares a lo largo de los próximos 30 años.

Empresas como la francesa Schulemberger, la británica Petrofac y la egipcia Cheiron Holdings —en algunos casos en asociación con compañías mexicanas—, ya están trabajando en campos maduros de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, en un esfuerzo por aumentar la producción.

Y aún falta una tercera ronda de licitaciones de contratos incentivados.

¿Usted ha sabido que estos contratos violen la soberanía del país? ¿Ha perdido México control sobre su sector de hidrocarburos por haberlos otorgado?

En el caso de las reformas energética y laboral ha habido un gran temor al cambio, que, al parecer, comienza a perderse.

Insisto en que aún es pronto para saber si la reforma laboral entregará los centenares de miles de empleos que prometen sus promotores, pero también reitero que, con el actual marco, no avanzábamos.

En un mundo globalizado, las naciones tienen que cambiar para volverse más competitivas. Permanecer estáticas implica ser arrastradas por la corriente.

No hay otra forma de explicar que, por ejemplo, Corea del Sur haya mejorado las condiciones de vida de su población en los últimos 30 años y México no, cuando la primera nación venía de bastante más abajo.
Es cierto que nuestro país ha avanzado en la apertura de su economía, pero no lo ha hecho igual en las otras claves del desarrollo: educación, infraestructura, desarrollo de talento intelectual, Estado de derecho…

¿México es desigual porque ha hecho algunas reformas o porque no ha terminado de hacerlas? ¿Se puede distribuir un ingreso que no se ha creado? Es importante responder a esas preguntas.

Las reformas —que entrañan una manera distinta de ver el mundo globalizado— no son por sí mismas la solución de nuestros problemas pero sí el principio.

Aún tenemos que resolver temas como nuestra tendencia cultural al menor esfuerzo, el terrible rezago educativo, la brecha tecnológica, el desdén por la ley, la destrucción del medio ambiente y la baja productividad de la industria manufacturera y el campo.

Sin embargo, tener un marco legal distinto, que rompa con una forma de ser y actuar, que, admitámoslo, ha producido 50 millones de pobres, es un buen paso.

Por eso hay que seguir adelante con las reformas.

En el Congreso ya se probó que los legisladores pueden hacer bien su trabajo y lo pueden hacer rápido. No sé si fue el apremio impuesto por la nueva modalidad de la iniciativa preferente o quizás —se vale soñar— un nuevo sentido del deber y la altura de miras, pero por fin logró conformarse una coalición de legisladores más preocupados por el futuro de México que por su pasado.

Nuestro pasado, hay que decirlo, no es tan glorioso como piensan algunos.

Es cierto que venimos de civilizaciones precolombinas maravillosas, cuyo legado sobrevive hasta este día; es cierto que ha habido mexicanos visionarios que impulsaron instituciones y prácticas ligadas con nuestra idiosincrasia, pero también lo es que nuestro pasado está lleno de episodios vergonzosos.

El pasado hay que estudiarlo y recordarlo, pero no vivir aferrados a él. Un pueblo requiere memoria pero no puede avanzar mientras viva atado a sus tabúes.

Ojalá que después de la reforma laboral vengan otras reformas, como la energética. México necesita estar a tono con el mundo. Necesita empleos bien remunerados. Y para llegar a este puerto requiere aprender las lecciones de los países exitosos.

No existe otra forma de generar justicia social: hay que invertir en educación e infraestructura, hay que combatir las diversas formas de corrupción, hay que implantar el Estado de derecho y dar pie a la igualdad de oportunidades para todos.

Murillo, a la altura

Muchos se preguntaron si había sido una buena decisión sacar al hidalguense Jesús Murillo Karam del equipo de transición de Enrique Peña Nieto para ponerlo en la presidencia de la Cámara de Diputados. El viernes probó que no está allí de adorno ni sólo para ponerle la banda al nuevo Presidente. Con su experiencia sacó a la Cámara de una situación comprometida. Se repuso del jaloneo que sufrió en la toma de la tribuna y sorprendió a todos moviendo a la Mesa Directiva a un balcón, desde donde continuó la sesión. Kudos.